Desde la conferencia de Estocolmo de 1972 hasta la de Río de Janeiro de 1992, han sido muchos los avances que se han producido en materia de legislación local de contenido ambiental. Unos mejor que otros, lo cierto es que los países han comprendido la necesidad de regular la problemática ambiental desde la perspectiva de los derechos, de las obligaciones y las funciones ambientales de las entidades publicas.