Tiene que ver con todo lo relacionado con el derecho de petición, la actuación administrativa, la vía gubernativa, y aspectos que, teniendo alguna o mucha relación con aquéllos, pareen no ser propios de un estatuto procesal administrativo, como lo tocante a la responsabilidad disciplinaria y civil o patrimonial de los funcionarios públicos que se regulan simultáneamente en el título VII.