La contratación por parte del Estado, como herramienta para la consecución de los fines que persigue, encontró a su vez, como desglose del propósito constitucional, mediante la ley 80 de 1993, los mecanismos que permitieron a las distintas entidades del aparato estatal efectuar las operaciones necesarias para el cumplimiento de sus objetivos, contenidos en los planes de desarrollo.