La ley de descentralización (ley 12 de 1986) coloca como responsabilidad municipal los programas de reforestación vinculados a la defensa de las cuencas hidrográficas. Además en los planes integrales de desarrollo se deben señalar los límites físicos y las condiciones generales de uso de los suelos, donde se deben definir las áreas de reforestación, las de conservación de los recursos aguas y las zonas de protección forestal, entre otros. Desde 1946 el decreto 284 del presupuesto municipal podría destinarse anualmente para atender la vigilancia forestal, la creación de viveros o la arborización de centros urbanos.