Particularmente el tema de la gestión de la calidad le brinda a las instituciones estatales la oportunidad de dinamizar las buenas prácticas de administración que redundarán en la eficacia y la eficiencia, pilares constitutivos de la legitimidad y efectividad de una organización del Estado, tal como lo previó la Constitución Política de 1991 en su articulo 209, al consagrar los principios que deben regular la función pública.