Se había convertido en necesidad, como criterio generalizado, por las críticas y reparos, la de modificar la legislación sobre contratación administrativa, derivada de los múltiples inconvenientes de interpretación que había generado el decreto-ley 222 de 1983, contentivo del Estatuto Contratual para la administración Pública Nacional, y que a la postre no llevó a alcanzar los objetivos trazados inherentes a los cometidos estatales de eficiencia en la prestación de los servicios a cargo de las entidades públicas por el formalismo reglamentario que entraba el actuar contractual, traducido en el exceso de trámites y el detallismo de procedimientos; agregándose además que, con la promulgación de la Constitución Política de 1991, requería los ajustes imprescindibles para hacerlo operante.